La oposición venezolana ha anunciado la creación de un gobierno paralelo liderado por el presidente de la Asamblea , Juan Guaidó, alternativa que fue rápidamente bendecida por los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Hambre, miedo, desesperación. Cientos de miles de venezolanos, la mitad de ellos en estado de desnutrición según la ONU , han sido expulsados de su país por una economía colapsada. Partieron con lo puesto a países vecinos, cansados de hacer fila días enteros para comprar un paquete de arroz, una tira de aspirinas o un rollo de papel higiénico con sus sueldos multimillonarios en moneda local que valen un puñado de dólares a principios de mes y mucho menos con el correr de los días.

Son la cara más visible de una gestión económica pésima, de lo peor, en un país donde un proyecto político ha vaciado de legitimidad a sus principales instituciones.

Primero, una reforma judicial de Chávez en el 2004 aumentó los miembros de la corte suprema o Tribunal Superior de Justicia de 20 a 32, logrando una mayoría automática inamovible y radicalizada, al punto tal que el propio gobierno le ha tenido que poner un freno a sus fallos más disparatados, como el que ordenaba el cierre de la Asamblea legislativa dos años atrás.

Después, en febrero del 2014, agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) abrieron fuego contra estudiantes desarmados para desalentar la protesta social que sacudía el país, con un saldo de cuatro estudiantes muertos a tiros, mientras Maduro elogiaba el accionar de las milicias armadas bolivarianas que enfrentaban a los manifestantes en las calles. “Ellos debieron armarse en el pasado y se han organizado para proteger a su comunidad. No acepto la campaña de demonización de los colectivos venezolanos”, dijo entonces el mandatario.

Más tarde caerían presos o serían proscriptos por jueces chavistas los principales líderes de la oposición, acusados de traidores y golpistas.

Después, en diciembre de 2015 el gobierno pierde por paliza las elecciones legislativas y la oposición obtiene más de dos tercios de las bancas. Entonces el gobierno se la pasa casi tres años sin llamar a elecciones para evitar una nueva derrota. Mientras tanto, en julio del 2015 se crea una Asamblea Constituyente prácticamente elegida a dedo por el chavismo para reemplazar en todas sus funciones a la Asamblea legislativa dominada por la oposición y democráticamente votada.

Y como frutilla del postre llega la reelección de Maduro el 10 de enero. “Ese día, Nicolás Maduro juró un nuevo mandato luego de ser proclamado en elecciones realizadas sin las mínimas garantías para ser consideradas libres y justas, como fuera señalado por la CIDH , y declaradas carentes de legitimidad por la OEA , la Unión Europea , la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo de Lima,” dice la CIDH en un comunicado emitido ayer.

Así llegamos a este punto de no retorno. La injerencia belicosa de Trump y Bolsonaro apoyada por Macri elimina toda posibilidad de diálogo y de una solución negociada para la crisis terminal que aqueja al país, ya que pone a Maduro entre la espada y la pared y le da pasto a los nostálgicos de las viejas teorías antiimperialistas.

Con chavistas y antichavistas movilizados en las calles, el riesgo de una masacre es alto. Las fuerzas armadas y de seguridad venezolanas, desprestigiadas por la penetración del narcotráfico en sus filas y tironeadas por los dos lados, jugarán un papel fundamental en los próximos días. En el futuro inmediato es esperable que el gobierno aumente su accionar represivo para frenar lo que percibe como un nuevo intento de golpe financiado y azuzado desde el extranjero, mientras la oposición se ilusiona con una desobediencia policial y militar generalizada que acelere el fin de un régimen autoritario fracasado.